En Honduras crecen la inseguridad y la violencia, según Amnistía Internacional

En Honduras crecen la inseguridad y la violencia, según Amnistía Internacional

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Los niveles de inseguridad y violencia seguían siendo altos. La impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia, según el último informe de Amnistía Internacional sobre la situación actual de los Derechos Humanos en Honduras.

Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes defienden el medio ambiente y la tierra, seguen corriendo peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Son blanco de campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, y eran habitualmente objetivo de intimidaciones, amenazas y ataques.

Las ONG locales afirman que el sistema de justicia segue empleándose indebidamente para hostigar y hacer desistir a los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se denuncia un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas pacíficas.

La gran mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos continúan impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontan las investigaciones y los juicios. Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora ambientalista indígena y cofundadora de COPINH Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016.

Aunque el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia trajo consigo algunos avances en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar la protección integral de estas personas.

Las nuevas disposiciones del Código Penal sobre terrorismo y delitos conexos, aprobadas por el Congreso Nacional, se definieron de una forma excesivamente amplia e imprecisa, contraria al principio de legalidad. Esas disposiciones podrían derivar en la aplicación arbitraria e inadecuada del Código contra manifestantes pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual podría criminalizar aún más su labor y obstaculizar el trabajo de los movimientos sociales.

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