Fuerzas vivas de Islas de la Bahía cuestionan que Ley de Fomento al Turismo atenta contra áreas protegidas

Fuerzas vivas de Islas de la Bahía cuestionan que Ley de Fomento al Turismo atenta contra áreas protegidas

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Representantes de la Sociedad Civil y empresarios del Turismo de Islas de la Bahía, han hecho llegar al Congreso Nacional de la Republica (CNR) un pronunciamiento en el que se manifiestan preocupados porque la nueva Ley de Fomento al Turismo, afecta de manera directa, la conservación de áreas protegidas, además de que consideran, hay algunas incongruencias en la ley.

A continuación el pronunciamiento:

Honorables Miembros: Nos dirigimos a ustedes para referirnos a la Ley de Fomento al Turismo, que ha sido sometida ante el Congreso Nacional y que entendemos se pretende discutir y aprobar en los próximos días.

Consideramos que uno de los artículos más lesivos incluye “la localización donde se
pueden realizar los proyectos turísticos sin importar las áreas protegidas, reservas,
patrimonios culturales, etc.

1. Las Áreas Protegidas; Reservas Biológicas, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Naturales, 2. Sitios o monumentos que formen parte del Patrimonio Nacional y de Interés Turístico y Cultural; tales como Monumentos Nacionales, Históricos, Museos, Parques Municipales, Parques Arqueológicos y Vías Públicas 3.Conjuntos de Preservación Histórica; Sitios Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico (Zonas de Desarrollo Identificadas dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible.

Sin importar las comunidades y las personas que habitan en ellas; lo cual generará conflictos y enfrentamiento como los que se han estado dando por el otorgamiento de concesiones de “aprovechamiento” de recursos naturales”.

También se han incluido las áreas con usos más restringidos como lo son
las reservas biológicas y de las tierras de vocación bajo régimen especial (áreas
protegidas, micro-cuencas u otras); no habiendo diferenciación de zonas entre otros.

Art 16. Abolir
Este artículo que faculta al Consejo de Ministros para que en nombre del Estado de Honduras, “implemente medidas de control necesarias para evitar acciones sobre el dominio y posesión de la tierra, que dificulte, frenen u obstaculicen el desarrollo de proyectos en los sitios turísticos identificados por el Fondo” es totalmente lesivo al interés colectivo, violentando el articulo 103 de la Constitución de la República, que establece que las únicas limitaciones a la propiedad se darán por motivos de necesidad o interés publico.

Este artículo pretende disfrazar procedimientos de expropiación forzosa por causa de interés publico con “medidas de control para evitar acciones sobre el dominio y posesión de la tierra”, facultando además al poder ejecutivo para procedimientos que corresponden al Soberano Congreso Nacional, que es el único autorizado a restringir o
suspender derechos.

Art 17. Abolir. Otro artículo lesivo, el cual despoja a los ciudadanos de sus tierras privadas que pasaran a formar parte del patrimonio de (FITUR).

En nuestro departamento hemos tenido serios conflictos con el acceso y la titulación de las tierras a favor de familias que tienen más de un siglo de residir aquí.

Existen numerosos casos de usurpación en los que los isleños más humildes, han sido víctimas por falta de recursos económicos y por una flagrante indefensión que resultaba de que el idioma Español sea el de nuestra legislación nacional; aunque el Inglés era el idioma
predominante en nuestras islas desde antes de la devolución de Islas de la Bahía.

Hacemos constar que no nos oponemos al desarrollo turístico sostenible, el cual describe la Organización Mundial de Turismo así: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Sin embargo, sentimos que esta Ley no viene a solucionar problemas históricos muy propios de nuestro departamento, más bien es una evidente violación a nuestros derechos constitucionales, que indiscutiblemente van a agudizar y crear nuevas e innecesarias conflictividades sociales y daño a la industria del turismo, no solo en Islas de la Bahía sino en todo el país.

El Estado debe tomar medidas necesarias a fin de garantizar el acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales. No se debe promover una Ley que es la reversa de “Robin Hood”, aquí se le puede quitar al pobre para dárselo al más rico.

Sumado a esto, la inseguridad jurídica que puede significar para muchos extranjeros que han adquirido propiedades en nuestro departamento y que resultaría a futuro en demandas contra el estado.

Art. 22. Ordenamiento Territorial.
Consideramos que es una violación, a la soberanía y a la ley de ordenamiento territorial vigente, el otorgar la potestad única al Instituto Hondureño de Turismo para determinar la capacidad de carga, altura de edificios, línea de retiro de playa, etc., y la aprobación del planes de ordenamiento territorial; ya que el mismo es un instrumento de gestión socio-política para propiciar condiciones de gobernabilidad que fortalezcan la capacidad de la sociedad para articular sus intereses, cumplir sus compromisos y solucionar sus conflictos para lograr una integración justa y la convivencia armónica y democrática.

Art.25. Inciso 4. Acuerdo Ejecutivo 002-2004.
No estamos de acuerdo ni recomendamos la derogación de este Acuerdo, sin haber efectuado una revisión de la misma a través de un proceso democrático, participativo e incluyente; considerando que la misma fue creada debido a la imperiosa necesidad de implementar políticas y medidas orientadas a la conservación y protección del ambiente y el fomento del desarrollo turístico sostenible en el departamento de Islas de la Bahía y en base a estudios científicos de línea base realizadas en 1989 y propuesta en el Plan de Control de la Isla de Roatán (Sir Halcrow y Associados).

Actualmente nuestro territorio está siendo afectado por múltiples amenazas; que incluye propuestas de legislaciones lesivas relativo a la tenencia de la tierra, que violentan las reglas básicas de convivencia entre los representante del estado y el pueblo al no socializar las respectivas consultas, que afectan la supervivencia de los ciudadanos.

Como ciudadanos, nos preocupa el hecho de que el Congreso Nacional, persista en aprobar leyes sin consulta con los pueblos que se ven afectados directamente; tal como es este caso. Así mismo la aprobación de estas leyes contravienen los tratados Internacionales de los cuales Honduras es signatario como el Convenio 169 de la OIT, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en base a ese compromiso adquirido a nivel internacional.

El Estado está obligado a obtener el consentimiento pleno, libre e informado sobre cualquier proyecto o ley que les afecte o afectare a los pueblos indígenas, Tribales y Afrodescendientes.

Asimismo, se recuerda que en la Observación 11, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2016) al Estado de Honduras señaló que le preocupan: “las informaciones que dan cuenta del incumplimiento del derecho a la consulta previa con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectarles y que a menudo su opinión no sea tomada en cuenta al momento de otorgar concesiones
para la explotación de recursos naturales u otros proyectos de desarrollo.

Pese a los esfuerzos realizados por el Estado parte en cuanto a la demarcación de tierras indígenas, el Comité nota con preocupación la limitada protección al derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus territorios, riquezas y recursos naturales (Art. 1, párr.2). “

En su la Recomendación 11:
“c) Garantizar que los pueblos indígenas sean sistemáticamente consultados con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado en lo que respecta a la toma de decisiones susceptible de afectar el ejercicio de sus derechos
económicos, sociales y culturales y que sus opiniones sean respetadas.

Y d) Redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a disponer libremente de sus tierras, territorios y recursos naturales, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria.”

En base a los argumentos anteriores exigimos respetuosamente al Congreso Nacional y en especial a sus diputados no se apruebe esta ley.
Dado en la Isla de Roatán el día 5 de Agosto del 2017
POR SOCIEDAD CIVIL DE ISLAS DE LA BAHIA

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