ASJ brinda informe sobre incongruencias del Fondo Departamental
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no pudo fiscalizar 62 mil 280 millones de lempiras que se ejecutaron a través del Fondo Social Departamental del Congreso Nacional entre 2007 y 2018, según una investigación presentada este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional.
La investigación, denominada “Fondos Departamentales Sociales del Congreso Nacional durante los años 2007 a 2018: marco legal, controles institucionales y resultados sociales”, fue presentada este martes en Tegucigalpa por autoridades de ASJ.
El informe explica las diferentes versiones de fondos departamentales y presenta observaciones a la calidad de las auditorías realizadas por el TSC, al tiempo que identifica patrones en el manejo, ejecución y control de los fondos gestionados por los diputados en los departamentos.
Entre los hallazgos, el informe subraya que, a lo largo de los 15 años de vigencia de esta iniciativa del Poder Legislativo, ha habido cuatro diferentes mecanismos de fondos departamentales y que más que una oportunidad para contribuir al mejoramiento de la vida de personas y comunidades empobrecidas, el mecanismo ha sido una estrategia política clientelar, que abarca las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; entre la presidencia del Congreso Nacional y los diputados; entre políticos y activistas; y, entre diputados y sus votantes.
La investigación demostró también que el marco legal y los controles estatales (presidencia del CN, comisiones de presupuesto, oficina de auditoría interna, Secretaría de Finanzas, Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otros), se utilizaron para dar una apariencia de rigurosidad, pero estos fueron sistemáticamente incumplidos.
