El número 2 de la Policía en la época de Aznar deja ahora en evidencia a Villarejo

Madrid
Actualizado:24/01/2020 08:43h
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Perdo Díaz Pintado, subdirector General Operativo de la Policía en la etapa de José María Aznar, pasó ayer un mal trago durante su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nackional, Manuel García Castellón, que instruye las diligencias del caso Villarejo. Díaz Pintado, que en una carta remitida al juzgado en enero de 2018 había asegurado que el excomisario encarcelado «actuó con total regularidad y eficacia, como agente policial encubierto» y con su «actividad empresarial de cobertura», se desdijo ayer y afirmó que no conocía el entramado empresarial de este individuo ni mucho menos que fueran utilizadas por la Policía para obtener información.

El exmando policial, en todo momento muy tenso, incurrió en contradicciones groseras, hasta el punto de que el magistrado tuvo que recordarle que estaba declarando en condición de testigo, que por tanto estaba obligado a decir verdad y que de no hacerlo se le podría abrir un procedimiento por falso testimonio.

Así, justificó su cambio de versión en que no tuvo en cuenta la trascendencia de lo que estaba firmando en esa carta, que sólo puso como condición que el resto de los que habían ocupado su puesto también lo suscribieran y que no hubiese nada en el texto que no resultara verdad. La explicación no deja de ser sorprendente en un mando policial con larguísima experiencia y que conoce perfectamente lo que suponía enviar una carta como esa al instructor, aunque fuera a instancias de la defensa, máxime cuando ni siquiera había sido citado como testigo y tratando en todo momento de favorecer los intereses de Villarejo.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado a García Castellón que citara como testigo a Díaz Pintado para aclarar por qué se había autorizado que Villarejo compatibilizara la gestión de sus empresas con el trabajo de policía, lo que está prohibido por ley a cualquier funcionario. El exnúmero 2 de la Policía negó que tuviera conocimiento de que Villarejo mantenía un entramado de sociedades dedicadas supuestamente a labores de espionaje mientras trabajaba en el Cuerpo, lo que supone un misil en la línea de flotación de la defensa del excomisario.

Según Díaz Pintado, solo tras dejar la Policía y ser contratado como jefe de seguridad de una empresa inmobiliaria entró en contacto con Cenyt, empresa de Villarejo, pero sin saber realmente que era propiedad suya. Fue el propio excomisario quien se la recomendó, pero diciéndole que era la empresa de Rafael Redondo, también imputado en la causa. Además, según su declaración, no se usó información obtenida a través de las empresas de Villarejo para fines policiales.

Interior no usó su información

El pasado lunes el que fuera subdirector operativo de la Policía durante los gobiernos de Felipe González, Agustín Linares, otro de los firmantes de la carta, aseguró al juez que Interior no usó información conseguida a través de las empresas de Villarejo, pero sí reconoció que sabía que mantenía negocios privados tras reincorporarse al cuerpo en 1993. De hecho, la reincorporación de Linares al Cuerpo se produjo en su etapa y, según algunas versiones, a iniciativa de él.

Las declaraciones ante el juez de los dos exmandos policiales demuestran hasta qué punto se ha montado un cordón sanitario en torno a José Villarejo, que si bien en los primeros momentos de la instrucción aún tenía la complicidad de antiguos compañeros hoy se desmarcan de él para evitar males mayores.

Mientras los exjefes policiales desfilan por el despacho de Manuel García Castellón, hoy declara también como imputado ante el magistrado el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Es el primer miembro del gobierno, en este caso de Mariano Rajoy, que tiene esa condición en el marco de esta investigación, y es investigado en el marco de la pieza Kitchen, en la que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Ayer, Martínez hizo público un comunicado en el que asegura que actuó siempre en el marco de sus competencias, con «lealtad» a sus superiores y «con el máximo respeto a todos los servidores públicos del Ministerio del Interior». «A pesar de los errores que sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley», asegura.

«Confianza» en la Justicia

Tras expresar su «plena confianza» en la acción de la Justicia, Francisco Martínez, que también fue diputado en la anterior legislatura, explica que desde que acabó en mayo 2019 su mandato parlamentario no realiza ninguna actividad política ni mantiene relación ni está afiliado a ningún partido político. Por supuesto, pide respeto a su presunción de inocencia.

El excomisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, cuyo testimonio ha sido clave para la imputación de Francisco Martínez, también declara hoy, por lo que el magistrado tendrá la oportunidad de comparar ambos testimonios. García Castaño siempre ha defendido que los seguimientos a Bárcenas formaban parte de un operativo policial legal y legítimo cuyo fin era buscar fondos ocultos o testaferros y que Martínez conocía de su existencia.