Juan Orlando Hernández habría contratado poderoso bufete de abogados para defender a TH
El gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández contrató a un poderoso bufete de abogados en Washington para presionar a los fiscales estadounidenses para que cancelaran una investigación de “narcotráfico patrocinada por el estado” de su hermano, quien fue sentenciado esta semana por contrabandear 185 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Los fiscales citaron la fallida campaña de influencia de Arnold & Porter Kaye Scholer LLP en septiembre de 2019, junto con el asesinato de cuatro personas vinculadas a la investigación y las supuestas mentiras y obstrucciones repetidas del acusado, al instar a un castigo severo para Juan Antonio “Tony” Hernández, de 42 años. , quien también es un excongresista hondureño.
El juez federal de distrito Kevin Castel de Manhattan se puso del lado de los fiscales y sentenció a Hernández el martes a cadena perpetua más 30 años y una multa de 158 millones de dólares.
“Aquí, el tráfico fue patrocinado por el estado”, dijo Castel, y agregó que el acusado puso sus iniciales “TH” en la cocaína que contrabandeó a los Estados Unidos.
Como señalaron los fiscales en los documentos de sentencia, Honduras en septiembre de 2019 contrató a un bufete de abogados estadounidense para presionar al equipo de la fiscalía. Los fiscales no nombraron la firma, pero Arnold & Porter revelaron por separado la relación en los formularios de divulgación de cabildeo extranjero del Departamento de Justicia.
Arnold & Porter, una de las firmas de calzado blanco más elitistas y prominentes de Washington, cuenta como exalumnos, ex candidato a la Corte Suprema y actual Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, y el ex asesor general de la CIA, Jeffrey H. Smith. Sus socios actuales incluyen a John B. Bellinger III, ex asesor legal del Departamento de Estado en la administración de George W. Bush.
En una llamada a los pocos días de registrarse como cabilderos extranjeros en septiembre, los abogados de la firma dijeron a los fiscales que no representaban al acusado pero que estaban tratando de hacer “diligencia debida” para una “transacción” no especificada, dijeron los fiscales en documentos judiciales. Los abogados de la firma también advirtieron sobre las “consecuencias colaterales” del caso, incluido el posible cierre de bases militares estadounidenses en Honduras, así como “problemas de inmigración no relacionados”, escribieron los fiscales.