La economía peruana resiste a la crisis política | Economía

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“¿Qué le pasa a Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso?”, se preguntaba el papa Francisco hace justo dos años, poco antes de la dimisión de Pedro Pablo Kuzczynski. Poco han cambiado las cosas desde entonces en el ecosistema político peruano: tres expresidentes están acorralados por el caso Odebrecht, un cuarto —Alan García— se suicidó en abril del año pasado cuando iba a ser detenido por la policía, la desafección ciudadana sigue por las nubes, la credibilidad institucional por los suelos y el Parlamento fue disuelto desde octubre pasado, la imagen más clara de la feroz batalla que libran desde hace meses los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con ese panorama como telón de fondo, Perú encara unas elecciones de las que saldrá la composición del Congreso para solo los próximos 14 meses. Y sin embargo, algo se salva: la economía, aun tras la desaceleración en el último año —que, si nada se tuerce, se revertirá a partir de este—, navega prácticamente ajena a la tormenta política, encadenando año tras año tasas de crecimiento que ya querrían para sí el resto de grandes países latinoamericanos.

Las revisiones que hace anualmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) de los países de la región están plagadas de advertencias: “la recuperación sigue siendo lenta“ dice de Brasil, por mucho la mayor potencia de América Latina; “la incertidumbre en las políticas ha debilitado el clima de negocios”, apunta sobre México. Perú, que encadena ya 15 años creciendo a un 5,4% medio por ejercicio, es la gran excepción a ese patrón general. Incluso tras ver reducido el ritmo de crecimiento en los últimos años, en los que la expansión ha pasado del 5% al entorno del 2,5%, “continúa siendo una de las economías con mejor desempeño de la región”, subraya el ente con sede en Washington en su última evaluación de las constantes vitales peruanas. El criterio de prudencia, además, ha permitido construir un colchón de reservas internacionales —vitales ante potenciales choques— de aproximadamente un cuarto del PIB y ha mantenido la deuda pública bajo control (26% del PIB, mayoritariamente en manos de nacionales). Con una de las tasas de inflación más bajas de la región (2,2% este año), el Fondo tampoco atisba riesgos para la estabilidad financiera. Camino despejado para recobrar el lustre perdido en 2019.

Félix Jiménez, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, achaca esta relativa estabilidad, ajena a lo que sucede en la arena política y en los tribunales, al “esquema institucional de política macroeconómica creado entre los años 2001 y 2003, que no tiene nada que ver con el consenso de Washington”. “Ha permitido, con altibajos, mantener la línea de la política fiscal y monetaria”. “Hay confianza en la acción del banco central y el gasto [público] siempre ha estado a raya, ajeno a quien estuviera en el Gobierno”, completa Pamela Ramos, de Oxford Economics, que apunta a la regla fiscal que limita el déficit como factor clave.

El interminable embrollo político peruano y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones reducen, eso sí, “la certidumbre de los inversionistas y ha provocado retrasos en algunos proyectos mineros previstos para 2019 y que van a quedar, en principio, para el año que viene”, acota Ramos, especialista de la consultora británica para el país andino. Sin embargo, en su opinión, la ralentización reciente tiene “más que ver con el contexto externo que interno”. Perú, una economía que ha seguido un inexorable camino de apertura en las últimas décadas, baila en buena medida al son del precio de productos como el cobre, el oro y el petróleo. Y desde el fin del periodo de auge de las materias primas, no corren ni mucho menos los mejores tiempos para los exportadores.

Hay, claro, problemas de envergadura más allá de las materias primas. Incluso tras 15 ejercicios creciendo a una muy respetable media anual del 5,4%, la renta per cápita peruana sigue siendo, en empate técnico con la colombiana, la más baja de entre las seis mayores economías regionales. La evolución de la productividad —“decepcionante”, según los técnicos del FMI— impide una mayor convergencia con las economías avanzadas y como eterno telón de fondo emerge el riesgo de que el país sudamericano caiga en la trampa del ingreso medio, uno de los grandes cocos de los emergentes. La inversión pública permanece en niveles relativamente bajos. La desigual distribución del ingreso y la falta de empleos y salarios dignos impiden que el crecimiento llegue a todos. Y, a pesar de haber sido uno de los países en vías de desarrollo que más ha logrado reducir la pobreza en la última década, más de la quinta parte de la población sigue por debajo del umbral del bienestar —una cifra que, como en el resto de América Latina, se dispara en las zonas rurales— y el 3% está en situación de carestía extrema.

La desigualdad, pese a haber bajado desde 2007, permanece en niveles similares a los de la media latinoamericana —de por sí, la región más desigual del mundo— y el 10% más acaudalado tiene más de la tercera parte de la riqueza, no muy lejos de Brasil, Colombia o Chile, según los cálculos de Oxfam. El peor desempeño económico en el año recién terminado ha hecho, además, mella sobre el empleo formal, golpeando a los sectores más pobres de la población. “El enojo se ha centrado en la corrupción, que afecta a todos los estamentos del Estado, y en una institucionalidad degradada. Eso ha frenado cualquier estallido social, como el que ha habido en otros países de la región”, cierra Jiménez. “Pero no siempre será así”.

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