ZEDE implicarían riesgos del cumplimiento del libre ejercicio de los habitantes: ONU

La implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras implicaría serios riesgos del cumplimiento de respetar y garantizar el libre ejercicio de todos los habitantes, advirtió el Sistema de Naciones Unidas (ONU).

La ONU divulgó un comunicado expresando su preocupación por el marco constitucional y legal de las ZEDE.

“Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos, permite sugerir que el diseño constitucional y legal, así como la implementación de las ZEDE en Honduras, pone en riesgo el goce pleno de derechos humanos de todos y todas las habitantes”, cita el comunicado.

Apuntó que el resultado de la implementación de las ZEDE tendría la autonomía de la administración de servicios públicos, los sistemas de justicia y penal.

Detalló que el 35 por ciento del territorio de Honduras quedaría a la disponibilidad del régimen especial de las ZEDE como las zonas de baja densidad de los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el Mar Caribe: Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios).

Es importante destacar que estas son zonas que se caracterizan por la alta densidad de población indígena y afrodescendiente, con antecedentes de conflictos territoriales, puntualizó.

La ONU lamentó la falta de la consulta libre, previa e informada en las zonas donde serán instaladas las ZEDE, la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales, la desregulación y una posible privatización de los servicios públicos.

Resaltó las denuncias de las comunidades constantes por la falta de participación y de consulta.

Clamó al Estado hondureño de revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal del proyecto para que garantice el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible.

De igual manera, instó al gobierno de explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país.

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